Actualmente la competencia sobre el régimen de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad está repartida entre las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Esto provoca una situación confusa y cambiante según la localidad y el territorio en el que se resida y causa una falta de protección de los derechos de las personas con discapacidad, fuente de numerosas quejas entre el colectivo.

Con el fin de cambiar esta situación el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentará al Gobierno una propuesta de regulación básica estatal sobre la emisión y condiciones de uso de las tarjetas de estacionamiento de vehículos  para personas con dificultades de movilidad.

El CERMI entiende que “hay base jurídica suficiente para aprobar una normativa estatal básica que regule los aspectos esenciales de las tarjetas de aparcamiento”. Por ello ha anunciado que presionará al Gobierno para conseguir una legislación básica en la materia y, por tanto, aplicable obligatoriamente en todas las comunidades autónomas y municipios.