Según el anteproyecto de la ley, que adaptará la legislación española a los requerimientos de la Convención de la ONU, sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, las aseguradoras no podrán rechazar el trámite de sus pólizas.
Se modificarán también normas sanitarias tales como la Ley General de Sanidad, la Ley sobre extracción y trasplante de órganos, la Ley reguladora de la autonomía del paciente y la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Gracias a estas medidas, personas con diversidad funcional podrán tomar sus propias decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos, y se incluye la discapacidad como causa de no discriminación de la persona en su relación con las administraciones públicas sanitarias.
El anteproyecto de la ley también considera también aumentar la reserva de empleo público.
