La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU expone que se debe garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
En este sentido, aquellas viviendas o locales donde vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad y personas mayores de setenta años, deberán asegurar un uso adecuado a sus necesidades.
A día de hoy, lamentablemente, España aún presenta un elevado número de edificios con entornos y espacios que no son accesibles para todo el mundo, siendo las escaleras la principal barrera a eliminar y el obstáculo a superar. No obstante, tal y como se indica desde Válida sin barreras,empresa de referencia especializada en soluciones para la accesibilidad “por suerte, en el mercado existe un sinfín de ayudas técnicas a medida para hacer la vida más fácil y segura a las personas que lo necesitan. La instalación de salvaescaleras, de elevadores y de ascensores, por ejemplo, son algunas de estas soluciones, permitiendo un fácil y cómodo acceso a las zonas comunes a todo el mundo”.
En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2013, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de diciembre de 2013, refunde la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. En su Disposición adicional 3ª se establece como fecha límite el 4 de diciembre de 2017 para convertir en accesibles los edificios y las zonas comunes de estos edificios, mediante ajustes y obras razonables que no supongan una carga desproporcionada.
Se entiende por ajuste razonable las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que suponga una carga desproporcionada.
Así mismo, la carga es desproporcionada en los edificios construidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.
Con el objetivo de lograr una vida en igualdad de condiciones para todos, desde Válida sin barreras se recuerda que “antes de realizar ningún ajuste en materia de accesibilidad, lo más importante es obtener el correcto asesoramiento de un profesional”.
