El Parlament de Cataluña aprueba por unanimidad la Ley de Accesibilidad, que establece las condiciones mínimas para que los espacios públicos, los servicios, los transportes y las comunicaciones se adapten a las personas con discapacidad.
Entre otros aspectos, el texto establece que la planificación de los espacios urbanos garantice la accesibilidad de todos los ciudadanos, y que las promociones de vivienda pública reserven un porcentaje de pisos para personas con discapacidad o movilidad reducida.
También establece que el personal de atención al público preste orientación y ayuda personalizada a las personas con diversidad funcional; que se garantice el aprendizaje y el uso del sistema Braille a los alumnos con discapacidad visual y auditiva, y que las administraciones públicas elaboren planes de accesibilidad.
La nueva ley también fija que el gobierno debe destinar partidas de cada ejercicio presupuestario destinadas a la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas, y multará las infracciones con penas de hasta 300.000 euros. Estas infracciones pueden ser, por ejemplo, la falta de mantenimiento de los elementos necesarios para garantizar la accesibilidad a los edificios o en la vía pública.
En Cataluña actualmente hay más de 500.000 personas con diversidad funcional, que podrían beneficiarse de las modificaciones del nuevo texto.
Un nuevo paso hacia un mundo sin barreras.
