A poco más de dos años para que la nueva ley de accesibilidad oblige a todas las viviendas a ser accesibles, los últimos datos sobre obra nueva demuestran que no se está cumpliendo con la normativa. Según los estudios de la Fundación ONCE y el CERMI, en 2013 solo el 2% de las viviendas que se acababan de construir en España cumplían con la normativa.
Las principales deficiencias provienen de los ascensores, normalmente ubicados en altillos a los que solo se puede acceder mediante una rampa. En otros casos, las dimensiones del propio ascensor son tan reducidas que no permite la entrada de una silla de ruedas, suponiendo una barrera todavía mayor.
Con la entrada de la nueva ley de accesibilidad en diciembre del 2017, si un vecino de un bloque de pisos necesita una adaptación, ya sea mediante una plataforma salvaescaleras, un elevador de corto recorrido o un ascensor; la comunidad de propietarios está obligada a instalarlo. Ello supone trasladar el coste de estas adaptaciones del constructor al comprador, quien se verá por ley obligado a garantizar la accesibilidad de los vecinos que así lo necesiten. Además los propietarios correrán con los gastos de las adaptaciones.
La causa de estas deficiencias no hay que buscarlas tanto en el constructor, simple ejecutor de las obras, sino en el promotor y en el arquitecto. Y es que en muchas universidades españolas, por extraño que parezca, no se ejerce ningún tipo de educación relacionada con la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Por ello, el diseño estético suele primar por encima de la funcionalidad, dejando como último punto la accesibilidad.
En otros muchos casos, la insistencia del promotor por reducir costes y aumentar beneficios lleva a sacrificar elementos como rampas o ascensores con accesos anchos. En otras palabras, se opta por suprimir este tipo de elementos para conseguir una mejor venta, aunque implique impedir la movilidad de una manera autónoma de una persona en silla de ruedas. Ello se traduce en que la accesibilidad en las viviendas de obra nueva sea, a día de hoy, precaria en 8 de cada 10 casos.
Cabe recordar que cualquier persona puede acabar utilizando una silla de ruedas, ya sea por accidente, enfermedad u otras razones. Por ello, es un deber social garantizar la accesibilidad de las personas de una manera autónoma e inclusiva, sobre todo si hablamos de su hogar.
