Sin embargo, y tras cinco años de aplicación, Pérez Bueno ha considerado que el resultado ha sido “muy insatisfactorio” por sus resultados en lo que respecta a la precariedad en su implementación, los retrasos en el pago de las cuantías, los “flagrantes incumplimientos”, los recortes a los que se ha visto sometida desde 2010 y, sobre todo, a la “desigualdad y agravios” en su aplicación por cuestión del territorio.
Esta revisión, desde su punto de vista, se tiene que hacer con consenso político y social, tal y como se hizo en su aprobación, y ha exigido que si se aprueba por Real Decreto-Ley, se tramite como Proyecto de Ley, para que con tiempo “todos las personas usuarias podamos ser escuchadas”. “La Ley tiene que basarse en un Pacto de Estado”, ha puntualizado.
Así, ha destacado las “expectativas frustradas” generadas por la Ley, pero ha dejado claro que esta frustración “no va contra el espíritu” de esta normativa.
Del mismo modo, ha criticado que en estos años de implantación no se haya consultado apenas a los destinatarios y ha reclamado que se cuente con los usuarios de la Ley porque “si no, se podría llegar a producir una fractura social, difícil de recuperar”.
Asimismo, se ha mostrado favorable a una reforma de la Ley pero no “al socaire” de los momentos de crisis actuales y ha destacado que cualquier reforma “apresurada” “puede dar al traste” con esta ley y, ha recalcado, que desde el CERMI “no lo vamos a consentir”.
